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El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para autorizar la extracción a gran escala de minerales del fondo del océano, tanto en aguas territoriales como internacionales, una decisión que ha generado rechazo internacional y alerta entre organizaciones ecologistas. El decreto instruye a los departamentos de Comercio e Interior a acelerar la emisión de permisos para actividades de minería marina, incluso fuera de la jurisdicción estadounidense.
La administración Trump estima que esta iniciativa podría generar 100.000 empleos e impulsar el PIB del país en 300.000 millones de dólares en los próximos diez años. La actividad se enfocaría en nódulos polimetálicos del lecho marino, ricos en manganeso, níquel, cobalto, cobre y tierras raras, minerales clave para la fabricación de baterías, paneles solares y dispositivos electrónicos.
Estados Unidos no forma parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), entidad afiliada a la ONU y encargada de regular la explotación de recursos en altamar bajo la Convención del Derecho del Mar (Convemar). La orden ejecutiva se apoya en una ley estadounidense de 1980 sobre exploración marina, pero el gobierno ha sido criticado por actuar al margen de la normativa internacional.
Leticia Carvalho, secretaria general de la ISA, advirtió que “ningún Estado puede decidir unilateralmente sobre la explotación de recursos marinos fuera del marco legal de la Convemar”, y señaló que incluso países que no han ratificado el tratado, como EE.UU., están sujetos a principios aceptados como normas de derecho común. Para la ISA, esta medida pone en riesgo la estabilidad del sistema de gobernanza oceánica.
Organizaciones como Ocean Conservancy y el Centro para la Diversidad Biológica denunciaron la medida como una amenaza directa a uno de los ecosistemas más frágiles y menos comprendidos del planeta. “Trump intenta exponer los fondos oceánicos a una explotación industrial descontrolada”, declaró la abogada Emily Jeffers. Hasta la fecha, ningún país ha iniciado minería comercial en aguas profundas, aunque Japón y las Islas Cook ya han otorgado permisos de exploración.
La empresa canadiense The Metals Company (TMC), interesada en explotar nódulos en la zona Clarion-Clipperton del Pacífico, celebró la decisión. Su director ejecutivo, Gerard Barron, declaró que “este decreto marca el regreso del liderazgo estadounidense en minería marina”, y confirmó que ya han presentado la primera solicitud formal de explotación al gobierno de EE.UU.
La reacción de China no se hizo esperar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, calificó la acción como una “violación del derecho internacional” que “perjudica los intereses de la comunidad internacional”. Pekín considera que el decreto socava los acuerdos multilaterales para la protección de los océanos.
La medida de Trump no solo reaviva tensiones geopolíticas, sino que también introduce una nueva fuente de incertidumbre sobre el futuro de los océanos y los intentos globales por regular su explotación. Desde la ISA se insiste en que cualquier avance debe darse “a través de marcos institucionales y legales internacionales”, y no por decisiones unilaterales que podrían desatar una carrera sin control por los recursos submarinos.
Referencias: ISA - International Seabed Authority, Ocean Conservancy, Centro para la Diversidad Biológica
