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China aplicó este jueves una contundente respuesta económica a las recientes acciones de Estados Unidos, estableciendo nuevos aranceles de entre el 34% y el 84% sobre una amplia gama de productos estadounidenses. La medida, que entró en vigor al mediodía en Beijing, fue interpretada por analistas como un movimiento de presión directa contra la administración de Donald Trump, tras el alza previa del 50% en aranceles que elevó la carga fiscal total sobre bienes chinos al 104%.
Pocas horas después del anuncio chino, Trump contraatacó con un nuevo arancel del 125% sobre importaciones procedentes de China, endureciendo aún más una guerra comercial que lleva años escalando. En paralelo, el mandatario estadounidense anunció una tregua de 90 días en la aplicación de otros aranceles a países aliados, en un aparente intento por aislar diplomáticamente a Beijing.
La tensión no se limita al intercambio de tarifas. El Ministerio de Comercio chino reveló la incorporación de doce nuevas empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones, entre ellas firmas vinculadas al desarrollo de drones como BRINC, ingeniería aeronáutica como Novotech, tecnología de radares como Echodyne y fabricantes de maquinaria de defensa como Marvin Engineering Company.
Además, seis compañías adicionales fueron incluidas en la lista de entidades no confiables, entre ellas Cyberlux y Sierra Nevada Corporation, ambas proveedoras de tecnología con uso dual, es decir, con potencial aplicación tanto civil como militar. Según Beijing, estas sanciones buscan “proteger la seguridad nacional” y evitar que productos de alta tecnología sean utilizados en acciones contrarias a los intereses chinos.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Finanzas calificó las acciones de Washington como “una violación grave de los derechos legítimos de China” y una amenaza directa al sistema multilateral de comercio. Desde la capital china se lanzó un mensaje categórico: el país está dispuesto a “luchar hasta el final” y cuenta con los “recursos suficientes” y la “voluntad firme” para resistir cualquier forma de presión externa.
Sin embargo, esta nueva escalada ocurre en un momento de marcada fragilidad económica para el gigante asiático. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó un 0,1% interanual en marzo, tras un retroceso del 0,7% en febrero. En términos mensuales, los precios descendieron un 0,4%, superando ampliamente las previsiones del mercado, que anticipaban una baja del 0,2%.
El funcionario Dong Lijuan atribuyó esta caída a factores estacionales e internacionales, aunque reconoció que los planes de estímulo al consumo aún muestran efectos limitados. Los precios de los alimentos se redujeron un 1,4% interanual, un dato que refuerza el temor a un posible ciclo deflacionario prolongado.
En paralelo, el Índice de Precios al Productor (IPP), que mide la evolución de precios industriales, descendió un 2,5% interanual, marcando su caída más pronunciada desde octubre de 2024. Esta contracción se atribuye a la tendencia bajista en los precios del petróleo y a una reducción estacional en la demanda de carbón y energía.
Durante la Asamblea Nacional Popular celebrada en marzo, el primer ministro Li Qiang fijó una meta de inflación del 2% para 2025. Sin embargo, reconoció que alcanzar dicho objetivo será “difícil”, dada la presión que enfrenta el gobierno para estimular el consumo interno en medio de un contexto internacional cada vez más hostil.
La actual disputa comercial ya no es solo una cuestión de tarifas: representa una lucha estructural entre dos modelos de desarrollo económico, político y tecnológico. Mientras Estados Unidos busca mantener su dominio estratégico, China avanza con su proyecto de autosuficiencia industrial y expansión global. Lo que está en juego ya no es solo el comercio, sino el liderazgo del siglo XXI.
