Carlos Joaquín González, quien actualmente ostenta el cargo de embajador de México en Canadá y previamente fue gobernador de Quintana Roo, ha quedado en el centro de la polémica tras ser acusado de haber facilitado la expansión del crimen organizado durante su mandato estatal. Las acusaciones públicas han generado revuelo tanto en México como en la comunidad mexicana en Canadá, y se centran en supuestos pactos y omisiones graves durante su administración.
La denuncia más contundente provino de Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno en la administración del priista Roberto Borge Angulo, quien actualmente se encuentra preso por asociación delictuosa. Durante una entrevista transmitida por la estación de radio Playa FM 103.1, Mendicuti afirmó que uno de los hijos de Carlos Joaquín González fue responsable directo de cobrar el llamado “derecho de piso” y de actuar como intermediario entre grupos delictivos y empresarios locales, sin precisar su identidad.
Mendicuti fue enfático al señalar que el exgobernador “entregó Quintana Roo a la delincuencia organizada” y que su gestión permitió la consolidación de extorsiones, cobro de piso y operaciones de cárteles en el estado. Incluso, el exfuncionario advirtió sobre un posible atentado contra el hijo del embajador, sugiriendo que estaría en riesgo por su vinculación con estas redes de extorsión.
Durante el periodo en el que Carlos Joaquín González gobernó Quintana Roo, entre 2016 y 2022, se registró un alarmante aumento de los homicidios dolosos, con un incremento del 180% respecto al sexenio anterior. Aunque en ese periodo también se llevaron a cabo investigaciones y detenciones contra exfuncionarios por corrupción y asociación delictuosa, diversas voces señalan que la violencia y la infiltración de grupos criminales se agravaron notablemente en la región.
Estas acusaciones surgen en un momento de agitación política en Quintana Roo, ya que varias figuras locales inician su carrera anticipada hacia la próxima transición de la gubernatura y los ayuntamientos. La polémica adquiere mayor dimensión al considerar el acercamiento político de Carlos Joaquín con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que derivó en su nombramiento como embajador en Canadá, posición que ha sido ratificada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por su parte, Gabriel Mendicuti también formó parte del gabinete estatal durante el sexenio de Roberto Borge, periodo señalado por presunto saqueo al patrimonio público mediante la venta de terrenos a precios inferiores al valor real, causando un daño millonario al erario. Muchas de las denuncias sobre estos hechos fueron procesadas bajo el gobierno de Carlos Joaquín, que resultó en la detención de Borge y otros funcionarios, aunque algunos de ellos siguen enfrentando procesos judiciales.
Hasta el momento de la redacción de este artículo, Carlos Joaquín González no ha emitido un posicionamiento público sobre las acusaciones. El silencio oficial mantiene abiertas las dudas e incrementa la presión social y mediática, tanto en México como en el exterior, sobre la actuación del actual diplomático y su entorno más cercano.
La gravedad de los señalamientos subraya la compleja relación entre el poder político, la administración pública y el avance del crimen organizado en regiones turísticas clave de México como Quintana Roo. El caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días se produzcan nuevas declaraciones o reacciones oficiales.
