Google enfrentó un posible revés en su batalla legal contra la Unión Europea cuando la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE recomendó desestimar la apelación de la compañía contra una multa de 4.100 millones de euros por prácticas antimonopolio relacionadas con Android. La decisión no vinculante de Juliane Kokott representa un duro golpe para Alphabet, la empresa matriz de Google.
La multa original fue impuesta por la Comisión Europea en 2018 por un total de 4.340 millones de euros, acusando a Google de utilizar su sistema operativo móvil Android para bloquear a sus rivales. Un tribunal inferior ratificó la decisión en 2022 pero redujo la sanción a 4.100 millones de euros, lo que llevó a Google a presentar una apelación ante el máximo tribunal europeo.
Según los reguladores europeos, las prácticas ilegales de Google se remontan a 2011, cuando la compañía exigía a los fabricantes de dispositivos preinstalar la Búsqueda de Google y su navegador Chrome junto con la tienda de aplicaciones Google Play en sus dispositivos Android. Además, Google pagaba a los fabricantes para que preinstalaran únicamente su motor de búsqueda y les impedía usar sistemas Android de la competencia.
La abogada general Kokott desestimó los argumentos legales presentados por Google, calificándolos como "ineficaces". Rechazó específicamente el argumento de la compañía de que los reguladores deberían haber comparado a Google con un rival hipotético al evaluar la situación antimonopolio del caso.
Kokott argumentó que no era realista comparar la situación de Google con la de un competidor hipotético igualmente eficiente, dado que Google ocupaba una posición dominante en varios mercados del ecosistema Android. La empresa se beneficiaba de efectos de red que le permitían asegurar que los usuarios utilizaran la Búsqueda de Google, según la opinión judicial.
Un portavoz de Google expresó su decepción con la recomendación, argumentando que Android ha creado más opciones para todos y apoya a miles de empresas exitosas en Europa y alrededor del mundo. La compañía sostiene que seguir esta opinión desalentaría la inversión en plataformas abiertas y perjudicaría a usuarios, socios y desarrolladores de aplicaciones de Android.
El sistema Android de Google, que los fabricantes de dispositivos pueden utilizar de forma gratuita, funciona en aproximadamente el 73% de los teléfonos inteligentes del mundo según Statcounter. Los jueces del Tribunal de Justicia, que habitualmente siguen cuatro de cada cinco opiniones no vinculantes, tomarán su decisión final en los próximos meses.
Este caso forma parte de una serie más amplia de investigaciones antimonopolio contra Google en Europa. El motor de búsqueda más popular del mundo ha acumulado un total de 8.250 millones de euros en multas vinculadas a tres investigaciones que se remontan a más de una década, mientras otras investigaciones siguen en curso.
Fuente: Reuters
