El proyecto, previsto para 2026, conectará el puerto de Arinaga, en Gran Canaria, y Fuerteventura con la costa atlántica africana. Marruecos contempla puntos de amarre en Tarfaya o Bojador, ambos situados en el Sáhara Occidental, un territorio que la ONU considera no autónomo y pendiente de descolonización.
La infraestructura se presenta como un avance en conectividad digital, pero su ubicación y trazado han despertado inquietud. El despliegue se haría sin el consentimiento del pueblo saharaui, incumpliendo resoluciones de Naciones Unidas que reconocen su derecho a decidir sobre sus recursos y su futuro político.
Desde 1975, Marruecos ocupa el Sáhara Occidental, y cualquier proyecto que afecte a sus aguas o recursos requiere la aprobación del Frente Polisario, reconocido por la ONU como su representante legítimo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado esta exigencia en varias sentencias, la más reciente en octubre de 2024.
Para algunos expertos, el cable no es solo un proyecto tecnológico, sino parte de una estrategia para integrar el Sáhara Occidental en las redes nacionales marroquíes, otorgando apariencia de normalidad a una ocupación que la comunidad internacional no reconoce como legal.
Este tipo de iniciativas se enmarcan en lo que analistas describen como “política de hechos consumados”: consolidar el control territorial mediante infraestructuras, explotar recursos naturales y cerrar acuerdos bilaterales que esquiven el marco jurídico internacional.
En Canarias, el debate se centra en el doble efecto que podría tener la instalación. Por un lado, mejoraría las comunicaciones; por otro, podría interpretarse como un paso más en la proyección marroquí hacia el archipiélago, con posibles derivadas logísticas, energéticas o incluso militares.
Para la Unión Europea, el riesgo es convertirse en cómplice de una vulneración del Derecho Internacional si no deja claro que cualquier infraestructura que pase por aguas saharauis debe contar con autorización de su pueblo. Ignorar este requisito debilitaría su credibilidad como defensora de la legalidad y los derechos humanos.
Las sentencias del TJUE sobre acuerdos pesqueros y comerciales que incluyen al Sáhara Occidental refuerzan la obligación de respetar el principio de autodeterminación. Aplicar este criterio al cable submarino sería clave para evitar que se convierta en un instrumento de consolidación territorial.
El desenlace dependerá de la posición que adopten Canarias, España y la UE. Una respuesta firme reforzaría el respeto a las resoluciones internacionales, mientras que la pasividad facilitaría que Marruecos continúe integrando el Sáhara Occidental en sus estructuras nacionales.
