Por qué China quiere invadir Taiwán: la tensión que preocupa a empresas y gobiernos de todo el planeta

La aspiración de China de unificar Taiwán bajo su control no es una simple cuestión territorial, sino el epicentro de una crisis internacional que afecta a la economía, la diplomacia y la seguridad mundial. Pekín considera a Taiwán una “provincia rebelde” que debe ser reincorporada, aunque la isla opera con su propio gobierno y sistema democrático desde 1949, tras la victoria comunista en la Guerra Civil China. Para el Partido Comunista Chino, este reclamo es irrenunciable y se enmarca en el principio de “una sola China”, que niega cualquier legitimidad a la independencia taiwanesa.

La reunificación es parte del proyecto nacional de Xi Jinping, que busca culminar el “gran rejuvenecimiento de la nación china”. Para el liderazgo chino, resolver el “problema de Taiwán” es tanto una cuestión de legado como una herramienta de legitimidad interna, especialmente en una etapa de menor crecimiento económico. La existencia de una democracia próspera y autónoma frente a sus costas desafía el modelo autoritario del Partido Comunista y representa una anomalía política que Pekín considera insostenible a largo plazo.

El control de Taiwán también responde a intereses estratégicos y militares. La isla es un enclave clave en la llamada “primera cadena de islas”, una barrera natural que limita el acceso de China al Pacífico. En manos de Pekín, Taiwán permitiría a la armada china proyectar poder en toda Asia Oriental, amenazando la seguridad de Japón, Filipinas y otras naciones vecinas, así como la credibilidad de las garantías estadounidenses en la región. El dominio de la isla daría a China influencia directa sobre rutas marítimas vitales por las que circula una parte significativa del comercio global.

A nivel económico y tecnológico, Taiwán es el corazón mundial de la industria de semiconductores. Empresas como TSMC fabrican más del 90% de los chips más avanzados, indispensables para sectores que van desde la electrónica de consumo hasta la inteligencia artificial y los sistemas militares. Esta concentración hace que cualquier crisis en Taiwán tenga consecuencias inmediatas para las cadenas de suministro globales y la estabilidad de los mercados. Para China, asegurar el acceso a esta tecnología es un objetivo crucial, pues su industria aún no puede competir en los nodos más avanzados.

El equilibrio se complica por el papel de Estados Unidos, que mantiene una política de “ambigüedad estratégica”. Washington reconoce el principio de “una sola China”, pero está legalmente comprometido a proporcionar a Taiwán medios para defenderse, sin comprometerse explícitamente a intervenir en caso de invasión. Este doble juego busca evitar una declaración formal de independencia por parte de Taiwán y, a la vez, disuadir a China de un ataque militar.

El sentimiento de identidad en Taiwán también ha evolucionado. La mayoría de los 23 millones de habitantes se identifican como taiwaneses y defienden el actual estatus de autonomía, resistiéndose tanto a la anexión por la fuerza como a la declaración formal de independencia, que podría desencadenar un conflicto directo con Pekín. La democracia taiwanesa, vibrante y pluralista, representa para muchos ciudadanos un motivo de orgullo nacional y de distinción frente al continente.

La amenaza de una invasión genera alarma no solo entre los gobiernos de la región, sino también en la comunidad internacional, especialmente en el sector privado. Multinacionales tecnológicas, fabricantes de automóviles, empresas financieras y toda la industria global dependen de la estabilidad de Taiwán y su producción de semiconductores. Un conflicto podría desencadenar una crisis económica de dimensiones inéditas, interrumpiendo cadenas de suministro y afectando desde el precio de la tecnología hasta el empleo y la inflación en múltiples países.

La tensión en el estrecho de Taiwán es mucho más que una disputa bilateral: es un punto de fractura donde convergen historia, nacionalismo, tecnología, economía y seguridad global. Cada movimiento es seguido de cerca por gobiernos y empresas, conscientes de que el futuro de la isla podría reconfigurar el mapa del poder mundial durante el siglo XXI.