La administración de Donald Trump lanzó este domingo una dura advertencia al régimen de Nicolás Maduro, exigiendo la liberación inmediata de 11 presos políticos que considera una prioridad nacional. De lo contrario, Estados Unidos tomará represalias con rapidez y contundencia, siguiendo el modelo ya aplicado en la exitosa Operación Guacamaya.
Los 11 presos políticos exigidos por Washington incluyen a nueve ciudadanos estadounidenses, un gendarme argentino llamado Nahuel Gallo y un ciudadano israelí. Todos permanecen encarcelados ilegalmente en diversos centros de detención controlados por la dictadura venezolana, bajo condiciones que el Departamento de Estado califica como de "detenidos-desaparecidos".
Este ultimátum surge luego de la reciente operación liderada por Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., quien coordinó junto al subsecretario Chris Landau y el enviado especial para América Latina, Mauricio Claver-Carone, la extracción y liberación de cinco opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina en Caracas.
La denominada Operación Guacamaya demostró no solo la capacidad logística y política de Estados Unidos, sino también expuso vulnerabilidades significativas en el aparato de inteligencia y seguridad del régimen caribeño. Desde la Casa Blanca han señalado que actuarán con idéntica determinación si Maduro no responde positivamente al ultimátum.
En respuesta, Maduro ha planteado exigencias que el Departamento de Estado considera inaceptables, incluyendo el levantamiento inmediato de sanciones financieras y la autorización para que empresas estadounidenses puedan extraer petróleo venezolano. Además, Caracas pretende un intercambio asimétrico de prisioneros con delincuentes capturados por El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele.
Estados Unidos rechazó tajantemente estas condiciones. Fuentes cercanas a Rubio aseguraron que "no se aceptarán intercambios desiguales ni negociaciones bajo términos que favorezcan al régimen venezolano". Washington reiteró que su postura es firme y que el reloj ya comenzó a correr contra la dictadura venezolana.
El ultimátum estadounidense ha contado con respaldo internacional, destacándose particularmente la solicitud de cooperación realizada por los gobiernos de Argentina e Israel. Tanto Javier Milei, presidente argentino, como Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, solicitaron expresamente a Trump la liberación de sus ciudadanos.
En el caso argentino, Ricardo Ferrer Picado, asesor del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, mantiene una fluida comunicación con el Departamento de Estado y es el nexo clave entre Buenos Aires y Washington. Por parte de Israel, el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer sostuvo encuentros recientes con Trump y Rubio para avanzar en la negociación.
