Vivir en la sombra se ha vuelto aún más difícil para miles de migrantes en Estados Unidos. La historia de Wendy Ortiz, una madre salvadoreña residente en Pensilvania, expone una cara poco visible de la política migratoria, la imposición de multas desproporcionadas que llegan a cifras inalcanzables, como 1,8 millones de dólares.
Ortiz, quien huyó de la violencia en El Salvador para protegerse a sí misma y a su hijo autista, ha trabajado durante años por el salario mínimo en una empacadora de carne. Sin embargo, en mayo de 2025, recibió una notificación que le exigía pagar una suma astronómica por permanecer en el país tras una orden de deportación que, según afirma, nunca llegó a conocer oficialmente.
La administración Trump, según cifras oficiales, envió avisos similares a más de 4.500 inmigrantes, acumulando multas superiores a los 500 millones de dólares. El objetivo declarado, presionar para que quienes no tienen documentos legales se autodeporten voluntariamente.
La ley en la que se basa esta política data de 1996, pero no fue aplicada hasta el gobierno de Trump. Las sanciones pueden sumar casi mil dólares diarios por cada día de permanencia tras la orden de deportación, y el gobierno ha contemplado incluso la confiscación de propiedades de quienes no puedan pagar.
"¿De dónde va a sacar alguien tanto dinero?", se pregunta Ortiz, quien apenas puede cubrir las necesidades básicas de su familia. Su abogado y otros defensores de migrantes afirman que muchos de los sancionados ni siquiera sabían que tenían órdenes de expulsión activas o estaban intentando legalizar su situación.
El caso de Ortiz no es único. Reuters recopiló testimonios de familias en situaciones similares, cónyuges de ciudadanos estadounidenses, padres de niños nacidos en EE. UU., personas con enfermedades graves o quienes temen regresar a sus países de origen. Para todos ellos, la notificación de la multa llegó como un golpe inesperado e imposible de afrontar.
Abogados de inmigración aseguran que la mayoría de los afectados no tienen antecedentes penales y han vivido durante años integrados en sus comunidades. Muchos buscan recursos legales para impugnar las sanciones o reabrir sus casos, pero la incertidumbre y el temor a perderlo todo los acompaña día a día.
El gobierno de Biden eliminó estas multas en 2021, aunque algunas permanecen en revisión y continúan generando preocupación y angustia entre los migrantes afectados. Mientras tanto, miles de familias siguen navegando entre la esperanza de regularizarse y el miedo a sanciones imposibles de pagar.
Referencias: Reuters
